En nuestra opinión, no hay nada más pernicioso para la supervivencia de las empresas que trabajar con datos equivocados, y en la actual situación económica es muy difícil obtener datos objetivos. El gobierno informa lo que le interesa para tratar de acabar la legislatura, la oposición ataca con argumentos con los que se intenta únicamente desgastar al gobierno, los medios de comunicación mayoritarios solamente informan lo que no perjudica a los grupos de poder (bancos, sector de la construcción y sector energético mayoritariamente).
Ante este panorama, cuando hablamos con muchos amigos sobre todo del sector de la fabricación, no podemos ver más que un panorama desolador. En este blog no somos expertos en economía, hacemos lo que podemos tratando de analizar aquellas variables que influyen en la competitividad empresarial, pero poco más.
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Todo esto lo decimos, por una noticia que acaba de publicarse en un diario de la Comunidad Valenciana. El levante, asolado por la debacle que han ocasionado años de especulación, mira con incertidumbre al futuro. Nuestros amigos de aquella zona, sobre todo murcianos y alicantinos, fueron los primeros que nos alertaron de lo que estaba ocurriendo en el sector de la fabricación: hibernación, tsunami que llegaría al resto de España, etc. Todo eso ha llegado.
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Desde allí ha sido que hemos encontrado esta noticia, avalada por uno del os gabinetes jurídicos más prestigiosos de España. La alerta es sobre algo de lo que hemos hablado muchas veces aquí, y que a nuestro parecer es el mayor problema de todos, el efecto que la depreciación inmobiliaria va a tener en la contabilidad de las empresas españolas.
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Sin más preámbulos, y resumiento por simplificar:
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“Quedan 10 días para uno de los horizontes más negros que se puede imaginar en la actual crisis. El fin del periodo de vigencia del Real Decreto-Ley 10/2008 del 12 de diciembre llevará a las empresas de toda España a una situación crítica. Sus cuentas van a sufrir un vuelco radical que les va a llevar a una situación de quiebra técnica, especialmente a aquellas firmas que tenga bienes inmobiliarios. Javier Castrodeza, socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, alertó ayer de que a partir del 1 de marzo la oleada de procesos concursales puede tener una dimensión enorme”.
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“En diciembre de 2008, el Gobierno preveía una vacatio de dos años en la que las pérdidas de activos e inmovilizado no debían contarse. Eso permitía no tener que afrontar el concurso. Desgraciadamente, esta medida acabó el 31 de diciembre de 2009», explicó ayer Castrodeza, que añadió: «Esto significa que muchas empresas no tienen contabilizados en sus fondos propios las pérdidas pero, a partir del 31 de diciembre pasado, tienen que hacerlo”.
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“Según lo explicado por el socio de Cuatrecasas en una jornada de APD organizada por este mismo despacho y La Caixa, el problema llegado a este punto es que las empresas pueden tener una carencia de fondos propios a partir del 1 de enero de 2010 por lo que, pasados dos meses en esta situación, deben presentar el concurso de acreedores el próximo 1 de marzo”.
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“El fin de la medida, sobre el que Elena Salgado, ministra de Economía, no ha anunciado su prórroga, afectará fundamentalmente a promotoras pero también a todas aquellas empresas que tengan bienes inmuebles (naves, locales...), es decir, casi todas. A la delicada situación actual, se les va unir estas nuevas pérdidas que deben aflorar en sus cuentas por lo que a las empresas que están en el filo de la navaja el fin del decreto les puede empujar hacia el concurso de acreedores del que más del 90% de las que allí acuden acaban en liquidación”.
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Riesgo desconocido
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“Además, hay un agravante peligroso. Las empresas se creen en situación de solvencia y, por el fin de este decreto, y tienen un alto riesgo de caer en insolvencia. Por su creencia de estar fuera de peligro no están preparando el proceso concursal por lo que cualquiera de sus acreedores, incluso estando al corriente del pago con ellos, podría forzarles a un concurso necesario (proceso promovido por el acreedor y en el que el deudor sale perjudicado)”.
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“El economista y asesor de empresas Fernando Giner asegura que, además del daño que va a generar al tejido productivo de la Comunitat el fin del decreto, se pone de manifiesto que el Gobierno no ha sido capaz de comprender la magnitud de la actual crisis. «El legislador pensaba que, para estas fechas, estaríamos ya en la recuperación. El Gobierno ha tenido un grave error de cálculo al pensar que el problema inmobiliario era coyuntural y no estructural, como se está demostrando que es». Giner, además, avisa de una posible reacción negativa en los mercados bursátiles conforme las empresas tengan que ir computando las pérdidas de valor de sus inmuebles «en un mercado que sigue a la baja".
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Los textos en cursiva se extraen de aquí
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